Un juez del Tribunal de Distrito de Oregón ha desestimado una demanda que pretendía dar a los inmigrantes ilegales acceso a permisos de conducir de corta duración.
La demanda, en la que se nombraba como demandados a la gobernadora demócrata Kate Brown y a dirigentes del Departamento de Transporte del estado, pretendía restaurar una ley de 2013 aprobada por la Legislatura de Oregón que preveía el acceso a licencias de corta duración para inmigrantes ilegales. La ley fue anulada en noviembre de 2014 por los votantes de Oregón en virtud de la Medida 88.
Muchos consideran inconstitucional la negativa a expedir permisos de conducir, ya que la regulación de la inmigración se hace a nivel federal y no es un "interés legítimo del Estado", según la demanda, presentada en nombre de cinco inmigrantes ilegales de México. La demanda también afirma que la negativa a expedir licencias es "arbitraria" y "caprichosa" y "motivada, al menos en parte, por animadversión hacia los mexicanos y centroamericanos".
Ann Aiken, la jueza de distrito de EE.UU. que preside la demanda, escribió que carecía de autoridad para obligar al estado a emitir licencias de conducir, y también señaló que la ley original de 2013, SB 833, en realidad nunca entró en vigor como ley de Oregón, lo que significa que incluso si invalidara la Medida 88, todavía no habría ninguna ley para conceder oficialmente licencias de conducir a estas personas.
"Así pues, los demandados estatales no se niegan a expedir tarjetas de conductor porque un referéndum motivado por una animadversión discriminatoria se lo impida; no pueden expedir tarjetas de conductor porque ninguna ley válida y vigente de Oregón les autoriza a hacerlo", escribió Aiken.
La decisión de Aiken fue apoyada por la oficina del fiscal general de Oregón, que previamente había presentado una moción para desestimar la demanda, señalando que el Estado "está de acuerdo en que la promulgación de un programa de tarjeta de conductor habría beneficiado (a los demandantes) y habría sido una buena política para el Estado [pero que] la reparación que los demandantes buscan - la promulgación y aplicación de la SB 833 - no puede ser impuesta al Estado por el tribunal federal en esta acción".
Anteriormente, Oregón permitía a los residentes obtener un permiso de conducir independientemente de su situación legal, pero esta práctica se interrumpió en 2008 debido a la ley federal REAL ID Act, que exigía a los residentes demostrar su situación legal para obtenerlo.
