This is why doctors – and not insurers – should dictate patient care.
Former marine and paraplegic Thomas Nickerson was admitted to the V.A. Hospital in Long Beach, California, after falling off a handicap ramp while attempting to enter his van and breaking his leg in two places.
Los médicos determinaron que debía permanecer 109 días en tratamiento y rehabilitación. La póliza de indemnización por accidente de Nickerson, a través de Stonebridge Insurance, le garantizaba un pago diario de 350 dólares para cubrir gastos no médicos.
Al cabo de sólo 19 días, la compañía de seguros suspendió los pagos.
Stonebridge alegó que cualquier otra estancia en el hospital era médicamente innecesaria -a pesar de lo que decían los médicos- y, por tanto, no estaba cubierta. Nickerson demandó a Stonebridge y el caso acabó en juicio.
Tras menos de dos horas de deliberaciones, el jurado concedió a Nickerson 35.000 dólares por daños morales y 19 millones por daños punitivos. Stonebridge dice que apelará. Si la empresa hubiera hecho lo correcto y cumplido su compromiso con Nickerson, el coste total habría sido de 38.150 dólares.
Los incidentes de aseguradoras que deniegan injustamente reclamaciones son habituales. Por desgracia, las historias de redención como la de Thomas Nickerson son raras. En muchos casos, las compañías de seguros se salen con la suya con prácticas sin escrúpulos. Con la legislación vigente en Oregón, las aseguradoras gozan de una supervisión bastante laxa y los consumidores tienen pocas herramientas para rectificar las denegaciones injustas.
Hace poco publicamos el caso de una mujer a la que denegaron las prestaciones por el ridículo motivo de que ya no vivía. Incluso después de reconocer el error, la empresa siguió denegando la solicitud.
La Asamblea Legislativa de Oregón está estudiando un proyecto de ley (SB 719) que responsabilizaría a las compañías de seguros de la denegación injustificada e injusta de reclamaciones, sometiéndolas a los auspicios de la Ley de Prácticas Comerciales Desleales de Oregón.
Este proyecto de ley no sólo proporcionaría a los consumidores los recursos privados que tanto necesitan, sino que también otorgaría al Fiscal General el poder de exigir responsabilidades a los peores infractores.
