La Ley McCarran-Fergusson exime actualmente a las compañías de seguros de salud y de seguros de mala praxis de las leyes antimonopolio. El 17 de septiembre de 2009, el senador Patrick Leahy (D-Vt.) presentó la Health Insurance Industry Antitrust Enforcement Act para derogar parcialmente esta exención antimonopolio. Las leyes antimonopolio existen, entre otras cosas, para proteger a los consumidores de los efectos anticompetitivos de una empresa (o pequeño grupo de empresas) que ejerce un poder de monopolio (u oligopolio) en su mercado respectivo. La Ley de Defensa de la Competencia en el Sector de los Seguros de Enfermedad (Health Insurance Industry Antitrust Enforcement Act ) expone a las compañías de seguros de enfermedad y de seguros por negligencia profesional a la posibilidad de ser demandadas sólo por incurrir en las conductas anticompetitivas más atroces: fijación de precios, manipulación de licitaciones y reparto de mercados.
Los críticos sostienen que la exención de la Ley McCarran-Ferguson de las leyes antimonopolio para las compañías de seguros de enfermedad y de seguros de mala praxis no contribuye de forma significativa a que el coste de los seguros de enfermedad se dispare o a la falta de competencia en los mercados desatendidos. Incluso si ese fuera el caso, nadie puede argumentar que la fijación de precios, la manipulación de licitaciones o la asignación de mercados, cuando se produce esa conducta, no perjudica al consumidor. Obviamente, hay peces más grandes que freír en el debate sobre la reforma sanitaria, pero eso no significa que no haya que freír este pez pequeño. Y cada vez parece más probable que la derogación de la Ley McCarran-Ferguson forme parte de cualquier paquete final de reforma sanitaria.
La Ley de Defensa de la Competencia en el Sector de los Seguros Médicos representa una parte importante del debate sobre la reforma sanitaria: representa el compromiso de proteger los derechos de los consumidores que se han visto perjudicados por actos contrarios a la competencia. Sin duda, una mayor regulación y una opción pública son las medidas más importantes que puede adoptar el Congreso para arreglar nuestro maltrecho sistema sanitario. Pero la Ley antimonopolio del sector de los seguros médicos nos recuerda que garantizar a los consumidores perjudicados el acceso a la justicia a través de los tribunales debe formar parte de cualquier paquete de reformas sanitarias. Sobre todo, porque cuando el gobierno es demasiado tímido para actuar, los tribunales son la única opción de los consumidores y, por tanto, cuando se les niega el acceso a los tribunales, se les niega a su vez el acceso a la justicia. Congreso: ¡derogad la Ley McCarran-Ferguson ya!
