A finales de mayo se informó de que la Asamblea Legislativa del Estado de Oregón había designado un grupo especial bipartidista (formado por 10 legisladores y varios grupos interesados, entre ellos las administraciones locales y la Asociación de Abogados Litigantes de Oregón) para examinar la legislación sobre responsabilidad civil de Oregón y proponer reformas. Entre las cuestiones que se espera que aborde el grupo figuran la separación de la negligencia médica de otras reclamaciones, el ajuste de los límites de indemnización a la inflación, los daños económicos frente a los no económicos y el establecimiento de un mecanismo procesal para impugnar los límites.
En particular, también se espera que el grupo proponga una respuesta legislativa a la sentencia de diciembre de 2007 en el caso Clarke contra la Universidad de Ciencias de la Salud de Oregón, en el que el Tribunal Supremo de Oregón dictaminó que, si bien el demandado ("OHSU"), un importante hospital público docente de Portland, estaba protegido por el límite legal de responsabilidad de 200.000 dólares en casos de negligencia médica, el límite no se extendía a los empleados del hospital. Dado que otra ley estatal obliga a las instituciones públicas a pagar las indemnizaciones ganadas contra sus empleados, la decisión anuló de hecho el tope (en Clarke, los daños alegados superaban los 17 millones de dólares).
Al describir los objetivos del grupo legislativo a la luz de Clarke, la senadora estatal Suzanne Bonamici explicó: "Tenemos que proteger los derechos de las personas que sufren lesiones, pero al mismo tiempo abordar las preocupaciones de las entidades gubernamentales que no sólo se enfrentan a dificultades económicas, sino que también están acostumbradas a tener una cierta protección del estatuto de reclamación por daños".
