El año pasado, el Congreso aprobó la Ley de seguridad de piscinas y spas Virginia Graeme Baker, que obliga a los operadores de piscinas y spas públicos (incluidos hoteles, clubes, edificios de apartamentos y centros comunitarios) a instalar nuevas tapas de desagüe antiahogamiento para evitar que la succión del desagüe atrape a los niños bajo el agua. La ley lleva el nombre de la nieta de 7 años del ex Secretario de Estado James A. Baker, que en 2002 murió ahogada al ser succionada por el desagüe de un spa.
Los operadores de piscinas y spas disponen de un año para cumplir la normativa. La Comisión para la Seguridad de los Productos de Consumo acaba de publicar un comunicado en el que recuerda a los operadores de piscinas y jacuzzis que este viernes, 19 de diciembre de 2008, vence el plazo para instalar los nuevos equipos. Las piscinas que no cumplan los requisitos de la ley corren el riesgo de ser clausuradas por los organismos reguladores federales o estatales.
Nancy Nord, presidenta en funciones de la Comisión para la Seguridad de los Productos de Consumo, declaró que su organismo se centrará inicialmente en las piscinas públicas para bebés y los chapoteaderos, donde el riesgo de que los niños queden atrapados es mayor. Pidió a las autoridades sanitarias y a los organismos encargados de hacer cumplir la ley que colaboren con la CPSC para garantizar la correcta aplicación de la ley.
La Fundación Nacional de Piscinas calcula que el coste de cumplir la normativa oscilará entre 1.000 y 15.000 dólares por piscina, en función de la disponibilidad de mano de obra y materiales necesarios.
