Un juez federal de Spokane, Washington, ha declarado que no desestimará una demanda presentada contra dos psicólogos del estado de Washington que ayudaron a diseñar técnicas de interrogatorio para la guerra de la CIA contra el terrorismo. La decisión supone un importante paso adelante en un caso relacionado con el tratamiento de sospechosos de terrorismo y es probable que incluya información no revelada anteriormente sobre el modo en que el gobierno trata a los sospechosos de terrorismo.
La ACLU demandó a los dos psicólogos el año pasado en nombre de tres ex prisioneros de la CIA, acusándoles de avalar y enseñar tácticas de tortura bajo la guía de la ciencia. La demanda alega que los dos carecen de conocimientos sobre Al Qaeda e idearon el programa de interrogatorios a partir de experimentos realizados con perros en los años sesenta, y de una teoría psicológica denominada "indefensión aprendida"
"Los acusados cometieron crímenes de guerra", dijo Dror Ladin, abogado de la ACLU. "Este caso trata del trato a los prisioneros".
El abogado de los acusados afirma que ellos se limitaron a diseñar un programa, pero no participaron en su ejecución, señalando que "el gobierno controlaba todas las facetas del proceso de toma de decisiones" y añadiendo que los acusados "no decidían con quién se trataba ni cómo".
Desde entonces, el programa de interrogatorios ha sido interrumpido y ampliamente desacreditado.
El juez Justin Quackenbush dijo que permitiría que siguiera adelante la demanda, que alega que los dos acusados ayudaron e instigaron el programa de interrogatorios mejorados.
Los tres presos objeto de la demanda fueron supuestamente interrogados en cárceles gestionadas por la CIA, incluida una en Afganistán conocida como el "Foso Salado", donde los presos son sometidos a aislamiento, oscuridad y agua extremadamente fría. Uno de ellos murió posteriormente de hipotermia.
Las prácticas de interrogatorio de la CIA han estado rodeadas de secretismo durante mucho tiempo y acaban de ser objeto de demandas judiciales y de indignación política y ciudadana. Los informes muestran privación del sueño, ahogamiento simulado y palizas, todo ello mucho más allá de los límites legales sin aportar información que pueda salvar vidas.
La ACLU afirma que los psicólogos no sólo intervinieron en el desarrollo de los métodos de interrogatorio, sino que también participaron en sesiones de tortura para probar el programa. Los métodos de interrogatorio incluían golpear a los prisioneros contra las paredes, meterlos en cajas parecidas a ataúdes, exponerlos a temperaturas extremas, música alta, hacerles pasar hambre y varios tipos de tortura con agua. Los psicólogos, que dirigían una empresa con sede en Spokane, cobraron 81 millones de dólares durante varios años por el desarrollo del programa.
