La mayoría de los casos de abusos sexuales denunciados en centros de cuidados de larga duración de Oregón no se saldan con detenciones ni procesamientos, según un par de inquietantes artículos publicados en el Sunday Oregonian.
La investigación del periódico también descubrió que el Estado a menudo no investiga adecuadamente los incidentes de presuntos abusos al no entrevistar a los testigos o no analizar las pruebas clave.
Los problemas afectan a todos los niveles de la red de seguridad asistencial, desde los empleados de los centros, que no hacen lo suficiente para proteger a los residentes, hasta los investigadores del Departamento de Servicios Humanos (DHS), que no llevan a cabo revisiones exhaustivas tras la notificación de un incidente.
La investigación de las acusaciones de abusos sexuales en centros de cuidados de larga duración está plagada de dificultades. Muchos residentes son enfermos mentales o están muy medicados y no pueden comunicar con claridad los detalles de la supuesta agresión.
Además, la naturaleza de los cuidados suele situar a cuidadores y residentes en entornos privados e íntimos. Sin detalles concretos, es muy difícil saber cuándo y cómo el contacto entre cuidador y residente se convierte en inapropiado.
Estos retos no deben excusar el hecho de que, en muchos casos de presuntos abusos, no se llame a las autoridades para investigar o, cuando se contacta con ellas, es varias semanas después de que se denuncie el incidente. En otros casos, las pruebas potenciales, como la ropa de un residente que podría contener el ADN de un agresor, se descartan o ignoran.
La magnitud del problema es difícil de medir. The Oregonian tuvo dificultades para recibir todos los informes de abusos solicitados, a pesar de trabajar en colaboración con el director del DHS, Bruce Goldberg. La reportera Aimee Green tardó siete meses en recopilar material para el artículo.
Ahí radica otro de los fallos de la red de seguridad de los cuidados de larga duración: los registros deficientes.
Pero incluso con un mejor mantenimiento de registros, se cree que la mayoría de las agresiones sexuales en residencias de ancianos no se denuncian. La ley de Oregón exige que los centros de cuidados a largo plazo informen de cualquier sospecha de abuso sexual.
Sin embargo, los trabajadores tienden a callarse a menos que las pruebas sean concretas o abrumadoras. The Oregonian informa de que la mayoría de las denuncias de abusos sexuales proceden en realidad de visitantes independientes, como familiares, que detectan que algo va mal.
The Oregonian también descubrió que el estado no está llevando a cabo comprobaciones exhaustivas de los antecedentes de los cuidadores, e incluso no está informando a los centros de atención cuando alguien sospechoso de conducta sexual inapropiada en otro centro comienza a trabajar allí.
Véase La red de seguridad de Oregón para ancianos vulnerables en cuidados de larga duración, plagada de agujerosque incluye información sobre lo que Oregón está haciendo ahora para resolver el problema.
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