Cuatro familias de residentes de residencias de ancianos presentaron la semana pasada una demanda colectiva federal contra Brookdale Senior Living Inc. y sus instalaciones por abuso financiero de ancianos, fraude y violación de la Ley de Estadounidenses con Discapacidades. Se acusa a la empresa de dar prioridad a los beneficios frente al cuidado de ancianos con discapacidades físicas y demencia. Las familias que presentan la demanda tienen familiares residentes en los centros de Santa Rosa y San Ramon, en California.
Brookdale Senior Living Inc. es el mayor proveedor de residencias asistidas para personas con discapacidad y mayores de Estados Unidos. La empresa, con sede en Tennessee, posee 89 centros en California que atienden a 5.000 residentes. Las cuotas mensuales oscilan entre 4.000 y 5.000 dólares por residente.
Según The Press Democrat, los demandantes pagaban cientos de dólares extra cada mes por servicios adicionales como distribución de medicación, lavandería y asistencia para bañarse y usar el baño. La demanda afirma que, aunque esos servicios se pagaban, no siempre se prestaban. La familia de uno de los demandantes señaló que su familiar era desatendido con frecuencia y que no se les avisaba cuando el residente era llevado a urgencias tras sufrir una caída.
Los demandantes sostienen que las residencias de ancianos carecen sistemáticamente de personal suficiente. La demanda califica la falta de formación de los trabajadores y el recorte de horas de los cuidadores como parte de los esfuerzos de la empresa por aumentar la rentabilidad a costa de los pacientes de las residencias de ancianos. Esta falta de personal se extiende hasta el punto de que los residentes a menudo se ven obligados a llamar al 911 para pedir ayuda porque no reciben una respuesta rápida del personal cuando piden ayuda.
La demanda también alega que la empresa de residencias de ancianos infringe la Ley de Estadounidenses con Discapacidades al discriminar a los ancianos discapacitados. Cita como ejemplos de infracciones de la ADA la restricción del número de personas en silla de ruedas que pueden participar en excursiones, la dotación insuficiente de personal para atender a los residentes con discapacidades cognitivas y la no eliminación de barreras en las viviendas.
Una portavoz de Brookdale negó estas acusaciones.
