El nuevo coronavirus (COVID-19) sigue afectando a la vida en Estados Unidos de una forma sin precedentes. Pero, mientras el Presidente y los gobernadores de los estados están constantemente en las pantallas de las salas de estar de la gente, y mientras los legisladores están ocupados trabajando desde casa tratando de encontrar la manera de proteger a los trabajadores de la salud y estimular la economía, parece que, en muchos aspectos, el poder judicial ha sido olvidado en gran medida.
Mientras que las empresas "esenciales" siguen funcionando en medio de órdenes de permanencia, los tribunales estatales y federales de Oregón, Washington y otros estados de todo el país se ven obligados a limitar sus operaciones, retrasar los procedimientos y, en muchos casos, cerrar de hecho. Para ser claros, algunos de estos negocios son absolutamente esenciales y necesitan permanecer abiertos para la salud y la seguridad del público en general. Pero, cuando empresas que no son verdaderamente esenciales pueden seguir funcionando, y cuando el gobierno proporciona fondos de estímulo a estas empresas no esenciales, mientras que los tribunales se ven obligados a hacer frente a las cartas que se les han repartido, algo está fundamentalmente mal.
Los tribunales de todo el país se están ralentizando y cerrando porque no tienen la capacidad necesaria para operar durante la pandemia
¿Cuál es la gravedad del asunto? El 27 de marzo, la Presidenta del Tribunal Supremo de Oregón, Martha L. Walters, aplazó la mayoría de los juicios y vistas hasta después del 1 de junio. Ello no sólo perjudica a las partes en los procesos civiles y penales actualmente pendientes, sino que prácticamente garantiza una acumulación insuperable de trabajo una vez que los tribunales vuelvan a abrir a pleno rendimiento. Además, dado que determinados tipos de asuntos y vistas deben acelerarse, muchas partes -demandantes y demandados- tendrán que esperar mucho más allá del 1 de junio.
Por supuesto, todo esto supone que la fecha de reinicio de los tribunales de Oregón no se retrasará más. En la actualidad, la probabilidad de que esto ocurra parece bastante alta, ya que no se espera que la fecha máxima del nuevo brote de coronavirus (COVID-19) en Oregón llegue hasta finales de abril o mayo.
En Washington, la historia es similar, aunque allí las proyecciones sugieren que el brote ya ha tocado techo. En Washington, todos los juicios con jurado se han suspendido hasta después del 6 de julio, lo que no significa que todos los juicios con jurado se reanuden el 25 de abril. Los tribunales simplemente no pueden manejar ese tipo de volumen. Así que, al igual que en Oregón, el proceso de reanudación de los procedimientos judiciales será lento y prolongado, y provocará aún más retrasos en el ya sobrecargado sistema judicial del estado.
Incluso a nivel federal, los tribunales de primera instancia se están dando cuenta de que no están suficientemente equipados para permanecer plenamente operativos durante la pandemia. El sitio web del Tribunal de EE.UU. ha estado publicando actualizaciones rutinarias con información sobre aplazamientos y aplazamientos de casos presentados en tribunales federales de distrito de todo el país. Las audiencias están siendo pospuestas. Los juicios con jurado se posponen. Nuestro sistema judicial se está paralizando a la vez que se arrincona a sí mismo, y a muy poca gente fuera del sistema judicial y de la comunidad legal parece importarle.
Los tribunales están utilizando los recursos telefónicos y de videoconferencia de que disponen, pero no es suficiente
Afortunadamente, los tribunales no están cerrando del todo. Están haciendo valientes esfuerzos con los recursos de que disponen para atender al mayor número posible de partes. Los tribunales estatales y federales de Oregón, Washington y otras jurisdicciones están utilizando recursos telefónicos y de videoconferencia de una forma sin precedentes. Esto, combinado con el mantenimiento del distanciamiento social durante los limitados procedimientos judiciales presenciales que siguen celebrándose, está impidiendo el cierre total del sistema judicial.
Sin embargo, incluso este resquicio de esperanza debe considerarse en su contexto. Como se mencionó anteriormente, la suspensión de la mayoría de las audiencias y juicios va a crear un retraso extraordinario, y los tribunales podrían estar haciendo más si tuvieran los recursos para hacerlo - pero no los tienen. La adaptación de los tribunales al siglo XXI nunca ha sido una prioridad, y vamos a empezar a notar sus efectos ahora más que en ningún otro momento de los últimos 20 años.
¿Qué se puede hacer para proteger el sistema judicial y preservar el acceso de los litigantes a la justicia?
Éstos son los problemas. ¿Cuáles son las soluciones? ¿Qué podemos hacer para garantizar que los tribunales permanezcan abiertos y puedan seguir desempeñando su papel fundamental en nuestra sociedad?
Por desgracia, parte del daño ya está hecho. Incluso una semana de aplazamientos de juicios es suficiente para causar trastornos a largo plazo. Pero, de cara al futuro, algunas de las formas en que podemos proteger nuestro sistema judicial y preservar el acceso de los litigantes a la justicia incluyen:
- Legislar para mantener abiertos los tribunales - En medio de toda la incertidumbre, una cosa que puede, y debe, ser cierta es que los tribunales permanecerán abiertos. La promulgación de legislación a nivel estatal y federal que garantice el funcionamiento continuado de los tribunales es un paso crucial para preservar el acceso a la justicia durante y después de la nueva pandemia de coronavirus.
- Garantizar la financiación de los tribunales - Los tribunales también necesitan una financiación garantizada. Esto no significa ningún tipo de "rescate" (los tribunales no lo necesitan), pero sí significa que los fondos reservados para los tribunales deben permanecer reservados. Garantizar la financiación es importante para dar a los administradores de los tribunales la seguridad de que pueden seguir funcionando como de costumbre.
- Equipar a todos los tribunales con capacidades de videoconferencia - Por último, es necesario equipar a todos los tribunales con capacidades de videoconferencia, no sólo a los de las grandes ciudades. Aunque este es un ámbito en el que puede ser necesaria financiación adicional, esta financiación puede proceder de los abogados de los demandantes que donan sus recursos en beneficio de todos.
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D'Amore Law Group es un bufete de demandantes que representa a clientes en casos de lesiones personales, negligencia médica, abuso en residencias de ancianos, homicidio culposo y otros asuntos. Si tiene preguntas sobre sus derechos legales durante la pandemia del nuevo coronavirus (COVID-19), le animamos a que nos llame directamente o se ponga en contacto con nosotros en línea para una consulta gratuita.
